Si la incorporación de la mujer al trabajo se realizó de manera masiva durante la Transición y primeros años de la democracia, ésta no puede entenderse sin considerar los avances que se habían producido a partir de las reformas económicas propuestas por el Plan de Estabilización de 1959, que fue el arranque del crecimiento constante de la economía española hasta 1975. La Renta Nacional casi se triplicó, al igual que el Producto Interior Bruto (PIB) y la renta per cápita pasó de 35.791 pesetas en 1960, a 83.238 en 1975. El aumento del nivel de vida fue el más acusado de la historia del país. Se produjo un proceso de conversión de la industria española que, exceptuando la textil, era hasta entonces dependiente del exterior tanto en el suministro de materias primas, como en la tecnología, inversiones, etc. La puesta en marcha de los Planes de Desarrollo, con el fomento de la industria en determinadas ciudades, tuvo como consecuencia la emigración del campo a la ciudad. La actividad rural sufrió un cambio intenso, entrando en una profunda crisis. Se calcula que se produjo un trasvase de unos dos millones de personas entre los años 1960-70. Esto supuso un cambio de mentalidad en los emigrantes, pues los nuevos pobladores asimilaron el estilo de vida de consumo propio de la ciudad. Junto a la industrialización, el sector servicios fue el que más se desarrolló, especialmente por el crecimiento masivo del turismo. En 1975, el 40% de la población estaba empleada en él, el 38% en la industria y el 22% en la agricultura. Todos estos cambios supusieron el aumento de las posibilidades laborales de la mujer, especialmente en el sector servicios.

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A su vez, la mano de obra femenina forzó cambios en la legislación vigente en el momento, ya fuera para eliminar las trabas que le impedían el trabajo remunerado, como para poner en marcha medidas que solucionasen los problemas de incompatibilidades entre su condición de trabajadora y madre, pues mayoritariamente era ella la que se ocupaba del trabajo de la casa y del cuidado de los hijos. Leyes como la de 1970 mejoraban la condición legal de la mujer casada pues, aún sin abolir la necesidad de la licencia marital para trabajar, se presumía otorgada si con anterioridad al matrimonio la mujer venia desempeñando tal ejercicio. Reconocía también su plena capacidad para comparecer en procedimientos laborales sin la asistencia del marido. Otras, como la del Plan Nacional de Guarderías Infantiles, en 1974, son algunas muestras de cómo paulatinamente se iba respondiendo a la problemática del nuevo rol que asumía la mujer.

Junto a la situación interna peculiar sólo al país, un hecho internacional marcó las condiciones económicas en el que las mujeres se incorporaron al mundo laboral durante los años de la Transición. Se trató de la crisis del petróleo de 1973, que tuvo su origen en el contexto de la Guerra árabe-israelí. Los países productores de petróleo (OPEP) castigaron el apoyo que occidente dio a Israel, aumentando el precio del crudo hasta cuadruplicarlo en el transcurso de tres meses, sometiendo a embargo a algunos países y reduciendo su producción entre un 15 y un 20%. Como consecuencia, se produjo la recesión en los países industrializados, el crecimiento del PIB fue negativo, hubo inflación y aumentó el paro. En los países de la OCDE alcanzó el 5% en 1975 y el 10% en 1980. La crisis contribuyó al declinar del Estado de bienestar y de la industria tradicional, necesitada de reconversión.

Las soluciones tardaron bastante en llegar y más en algunos países, como en España, por las circunstancias políticas que atravesaba. El régimen del general Franco se encontraba muy deteriorado. Las fuerzas democráticas ejercían una fuerte presión pidiendo el cambio político. La crisis económica internacional, requería tomar una serie de medidas impopulares pues redundaban en un aumento considerable de los precios de los productos derivados del petróleo. La actitud del Gobierno fue aplazar las decisiones relacionados con la economía interior e intentar capear el temporal endeudándose en el exterior. Se esperaba que la crisis económica fuera pasajera pues no podían permitirse las consecuencias que generarían en el país la toma de soluciones drásticas. Mientras el resto de los países europeos rebajaron la importación de este producto, España no sólo no la disminuyó sino que la aumentó en un 6%. Los ciudadanos no fueron conscientes de la envergadura de la crisis internacional y que ésta les afectaba también a ellos, por lo que el consumo conoció un aumento, algo que no sucedió en el resto de Europa. Si ello produjo cierta tranquilidad inicial, acabaría perjudicando al país que vivió la llegada de la segunda crisis del petróleo de 1979, sin haberse recuperado de la anterior.

Así, el camino hacia la democracia se inició con una devaluación de la peseta al tiempo que se incrementaba el precio de los productos importados. Los gobiernos de la Transición desarrollaron una política monetaria moderada, pues no poseían fuerza moral para acometer ajustes que implicasen medidas impopulares. Durante este tiempo, el crecimiento económico fue sólo de un 1,4%, cifra muy inferior a la de los años sesenta, pero también del crecimiento posterior a 1985. En 1977 la inflación fue superior al 40%. Se multiplicaron las reivindicaciones sociales, pues la clase trabajadora no estaba dispuesta a hacer sacrificios y disminuir su renta. Se hacía necesario calmar la situación económica y social para poder continuar con las reformas políticas.

En las primeras elecciones, el 15 de junio de 1977, ganó con mayoría relativa la Unión de Centro Democrático (UCD). A partir de ese momento se pudo estudiar y programar una política económica para controlar la inflación. Se firmaron los Pactos de la Moncloa el 25 de octubre de 1977, cuyo significado más importante fue el político, al crear un clima de consenso que facilitó la aprobación de la Constitución Española en diciembre de 1978. En el plano económico supuso un recorte económico y sacrificios para los trabajadores. A fines de 1977 la inflación se había reducido hasta el 26% y un año después estaba en el 16%. Asimismo se emprendieron reformas decisivas en el terreno fiscal, en el sistema financiero y en el Estatuto de los Trabajadores.

A pesar de haber frenado la inflación, continuó el endeudamiento exterior. Hasta 1979 no se elaboró un plan energético nacional. En los años 1980 y 1981 el crecimiento económico fue negativo y la balanza de pagos gravemente deficitaria. Todo ello trajo consigo el aumento del paro. Entre 1978 y 1984 se destruyó algo más del 20% del empleo industrial en España, tasa superior a la de Francia o Italia aunque inferior a la británica. La gravedad del paro se explica por la llegada al mercado de trabajo de un número muy importante de jóvenes, por el regreso de los emigrantes y por la incorporación de la mujer al trabajo.

La economía de los gobiernos socialistas, entre los años 1982-1991 fue de reconversión e integración plena en la economía de mercado. Los resultados fueron moderados. El paro, que se situaba en 1982 en el 16,5%, en 1989 era del 17,35. Paulatinamente, la mejora se fue reflejando en la evolución del PIB - el 1,2 en 1982 y el 2,9 en 1991- y en el índice de precios al consumo -1982 el 14,2 y 1989 el 6,9-.

Otro hecho importante fue la integración en la Comunidad Económica Europea en junio de 1988. Desde ese momento, las mujeres españolas pudieron beneficiarse de los programas financiados por los fondos estructurales, algunos de ellos dirigidos específicamente a ellas, como el programa NOW (New Opportunities for Woman)